Al momento de fundamentar su iniciativa el presidente de la Cámara de Representantes Provincial, Ing. Carlos Eduardo Rovira, destacó la presencia del gobernador, la vicegobernadora, el presidente del STJ, ministros, funcionarios, intendentes y ex intendentes, además de todos los que estuvieron dando “un marco de absoluta exaltación institucional, sin antecedentes”.
Rovira agradeció al coautor del proyecto y al arco opositor por el consenso y destacó “el rescate institucional y de la valoración, que posibilita el tratamiento de asuntos constitucionales, como el de hoy. Por eso las legislaciones, van hincando profundamente el talón de la estirpe misionera, la estirpe política, porque esto surge de decisiones políticas, de cámaras que antes estaban distraídas en pequeñeces, donde nos comíamos entre nosotros, pero ahora estamos centrados en lo que nos pertenece. Y va a ser sorprendente, porque vamos a ir cada vez más rápido por cuestiones reivindicatorias muy antiguas. Por eso me llena de satisfacción que producto de esta acción persistente, tenaz, valiente, con el acompañamiento de propios y extraños, vamos a traer dignidad a más de 20 mil familias misioneras”.
Agregó que “en Misiones no se va a hablar más de los ‘sin tierra’ y el Gobernador no va a tener ningún problema más de ocupación o intrusión, lo que resulta de suma importancia para la presentación de la Provincia, para atraer inversiones, y también lo es en la cuestión ecológica, por la ubicación de la mayoría de estas tierras, cercanas a Parques Nacionales o Reservas Ecológicas”.
“Creo que la posesión de las tierras fiscales va a ser un tema del pasado y va a quedar solamente para el presente el recuerdo de que la posibilidad se hace acción cuando sobran fundamentos, cuando sobra determinación y amor al pueblo misionero”, concluyó el presidente de la Legislatura
El coautor de la iniciativa, diputado Jorge Galeano, manifestó “que leyes como ésta, que beneficia a 20 mil familias, realmente son la ejecución práctica de la justicia social. Es una concreción, es la solución esperada. Vamos a llevar una mano a quienes lo necesitan, a quienes durante tantos años no pudimos darles una solución. Hoy lo hacemos como fruto también de una forma distinta de encarar la política de ahora en más en la provincia y que anuncia que vamos madurando en este aspecto”.
El proyecto contempla que la transferencia se realice a título oneroso con un precio fijado por el Poder Ejecutivo, que podría establecer valores promocionales, mientras que la autoridad de aplicación y el interesado deberán suscribir un instrumento de venta en el cual se determinen cuotas anuales, hasta un plazo máximo de diez años. En el caso de que el interesado opte por el pago al contado, se beneficiará con una quita del 30 por ciento del monto total.
Las personas físicas deberán acreditar la utilización del inmueble con fines sociales o con utilidad para el desarrollo económico provincial o municipal. En tanto, las personas físicas deben haber realizado la ocupación legalmente o sin haber afectado derechos subjetivos de terceros, entre otros requisitos.
Para realizarse la transferencia no será necesario acreditar el pago de impuestos y tasas provinciales que gravan el inmueble. Para el pago de dichos tributos, el beneficiario tendrá un plazo perentorio de cinco años desde la fecha de la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Los beneficiarios no podrán ser propietarios de otros inmuebles en la provincia, ni adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.
