La ley surgió de un proyecto de ley que fue presentado por la diputada Lilia Marchesini, acompañado por Carlos Rovira, que fue tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, en conjunto con la de presupuesto, las que recomendaron su aprobación.
En la norma se considera lugares de detención a los establecimientos bajo jurisdicción o control provincial, y a las entidades de carácter público o privado, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad.
La comisión funcionará en forma independiente, como organismo local complementario, coordinando y articulando acciones con el mecanismo nacional de prevención que se constituya.
Estará integrada, ad honórem, por tres representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hay desempeñado en funciones de responsabilidad o asesoramiento político en el Estado en los últimos dos años. Además, por dos miembros postulados por el Poder Legislativo; uno por el Poder Ejecutivo y uno por el Poder Judicial.
Sus funciones serán realizar visitas periódicas a todos los edificios carcelarios, unidades policiales y otros lugares de detención o encierro, sean públicos o privados; recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; realizar informes sobre las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad; y elaborar propuestas, sobre políticas públicas a adoptar en la materia para el mejoramiento de las prácticas carcelarias; entre otras.
El proyecto se fundamentó en el protocolo de la Convención contra la Tortura que fue ratificado por ley en el país; en el proyecto de ley que obtuvo media sanción del Congreso nacional para crear un comité nacional, un consejo federal y mecanismos provinciales; y en iniciativas de otras provincias.
Marchesini solicitó que se sancione esta ley “teniendo en cuenta esos antecedentes, y en aras de estar en consonancia con las leyes ya dictadas, y el proyecto de ley nacional a dictarse, y sobre todo en consonancia con la política provincial en derechos humanos integrales”.
Además se aprobó el proyecto de ley presentado por Carlos Rovira, para donar a favor del Ministerio Público de la Nación, inmuebles, propiedad del Estado provincial, con destino a la construcción de obras de infraestructura para el funcionamiento del organismo.
En la sesión tomó estado parlamentario un proyecto de la diputada Noelia Leyria, para que Misiones se adhiera a la ley nacional de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas.
Y otro presentado por el legislador Alfredo Schiavoni para que se creen centros de atención materno infantil en los horarios en que se dictan la carreras de profesorado de educación primaria.
