El gobernador Carlos Rovira tomó un atajo ayer en la negociación con la Nación con el fin asegurarse el financiamiento de la deuda pública para el ejercicio del año entrante. Firmó el Decreto 1742 de adhesión a la Ley 25917 de Responsabilidad nacional, que, sin embargo, está atado a su validación en la Cámara de Diputados de la provincia controlada por la mayoría opositora al primer mandatario. El instrumento legal le permitirá iniciar las conversaciones con el equipo del ministro de Economía nacional Roberto Lavagna. Fuentes oficiales dijeron ayer que copias del Decreto habían sido remitidos a los despachos de Economía y al del jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández.
Paralelamente a ello, el Poder Ejecutivo envió semanas atrás un proyecto de Ley que se encuentra actualmente en la Legislatura. La demora en el tratamiento habría sido el motivo de la resolución del conflicto vía decreto.
Comisión especial
Crease una comisión especial que estará integrada por un representante de la Secretaría de Estado de Hacienda, un representante de la Contaduría general de la provincia", dice en sus primeras líneas el Artículo 2 del Decreto. La comisión, a la que la Cámara de Diputados será invitada a integrar por intermedio de representantes, tendrá como objetivo revisar la deuda pública.
Varias provincias ya adhirieron a la Ley 25917, obteniendo importantes quitas en algunos casos. Para ello es condición sine qua non la sanción de una ley por parte de la Legislatura. Por ello el Decreto de Rovira está sujeto a la aprobación final en el Parlamento.
La Ley de Responsabilidad fiscal establece criterios de administración presupuestaria. El Gobierno nacional presentará anualmente el marco macrofiscal que se proyecta para el siguiente ejercicio, y de esta manera las administraciones provinciales tendrán información necesaria para la elaboración de los presupuestos.
La norma prevé además la publicación periódica de la información fiscal de los distintos gobiernos tanto nacional, como provinciales, tendiente a fortalecer la transparencia en la gestión pública.
En los otros capítulos se establecen reglas para el tratamiento del gasto y los ingresos públicos para las etapas de formulación y ejecución presupuestaria, con el objetivo de preservar el equilibrio financiero, eje central de la política económica.
La Ley de Responsabilidad Fiscal contempla que las provincias que no cuenten con el financiamiento necesario puedan concretar programas vinculados a la atención de su deuda, en la medida que las mismas observen pautas de comportamiento fiscal compatibles con los objetivos de la ley.
También se dispone la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como órgano de aplicación del régimen propuesto. Este Consejo estará integrado por los ministros de Economía y/o Hacienda de los Gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tendrá la misión de evaluar el cumplimiento de los preceptos establecidos y de aplicar eventuales sanciones.
Fuente: Tierradeperiodistas.com 29-10-2004
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