Mientras ajusta los tiempos para anunciar la medida, el Gobierno elabora una “ingeniería electoral” para el momento clave del año próximo en el proyecto político de Néstor Kirchner. Así espera cumplir con su objetivo de convocar a elecciones legislativas en forma unificada, respetando las autonomías provinciales en casos como el de Misiones que ya anticipó su llamado para el 30 de enero próximo.
El texto tentativo recorre por estas horas los despachos de la Jefatura de Gabinete, de Alberto Fernández, y la Secretaría de Legal y Técnica, de Carlos Zannini, además del escritorio del Presidente, quien ya habría dado el visto bueno al camino elegido.
Mientras tanto, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, tienen a su cargo la no menos importante tarea de buscar el consenso con los gobernadores: hasta el momento peronistas y radicales prestaron su acuerdo a la idea y ven en la “nacionalización del comicio”, una decisión que los beneficiaría en los resultados finales.
La estrategia final constaría de un decreto de convocatoria que fijará una fecha común para octubre del 2005 –la fecha final está en debate todavía pero se estipula que no será el segundo domingo, el 9, por el fin de semana largo puesto que el parate por el Día de la Raza podría afectar el interés de los empadronados por concurrir a las urnas–. Esa herramienta del Poder Ejecutivo sería luego enviada al Congreso “para ser refrendada”, confiaron a Infobae calificadas fuentes de la Rosada y del Partido Justicialista.
Por carriles coincidentes, referentes del bloque del PJ y de la UCR ya ajustaron criterios en torno de un proyecto de ley que podría entrar en juego en el Parlamento si es que el PEN no avanza con el decreto.
El punto en conflicto no es otro que el temor oficial a que la oposición plantee objeciones por la “intervención” del PEN en el dictado de facultades legislativas en materia electoral que tiene vedadas por el artículo 99 de la Constitución Nacional. Sin embargo, en una ronda informal de consultas que encaró el Gobierno con constitucionalistas, dedujo que “cuenta con posibilidades de dictar un decreto de convocatoria” en cuyo texto “inste o exhorte” a las provincias a adherir a una misma fecha. Lo que en los hechos, una vez más, quedará reducido a un acuerdo de voluntades políticas.
De los sondeos a gobernadores afines, tanto del PJ como de la UCR, el Gobierno maneja la certeza de que no enfrentaría complicaciones si avanza con el decreto.
“Quedate tranquilo que las elecciones tuyas se harán el 30 de enero”, tranquilizó Fernández al misionero Carlos Rovira, quien recurrió a la alquimia política de anticipar los comicios para aprovechar de las fuerzas debilitadas del peronismo. El “transversal” tiene apenas 9 legisladores propios sobre 35 que componen la Legislatura y procura mejorar su performance aunque los electos deberán asumir igual el 10 de diciembre.
Aunque no hará menciones explícitas, se desprende que el texto del decreto que el Gobierno tiene bajo la lupa exceptuará indirectamente a esa provincia que ya hizo ejercicio pleno de su facultad constitucional de llamar a elecciones. La suerte de Rovira, en rigor, está más sujeta al fuero judicial donde se tramita una proceso que tiene bajo apelación una medida de suspensión de la convocatoria por anticipado.
La otra provincia que podría quedar al margen del calendario electoral es Santiago del Estero, puesto que en la Rosada serían partidarios de realizar los comicios en marzo para evitar que se rearme el juarismo.
Históricamente, las elecciones legislativas que coincidieron con las de presidente y vicepresidente se realizaron en una misma fecha. Entre otros antecedentes, en 1999, cuando Eduardo Duhalde se presentó a competir con Fernando de la Rúa, el entonces presidente Carlos Menem ordenó separar esos comicios de los comicios provinciales para elegir gobernador, con lo que el bonaerense tuvo sospechas de que esa medida perjudicaba sus chances de llegar a la Rosada. Pero indefectiblemente, se recurrió a decretos eventuales para resolver la medida según la conveniencia de la coyuntura política.
Fuente: Infobae.com 30-09-2004
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